En alguna ocasión habremos escuchado decir: tenemos
derecho a la libertad, tenemos derecho a la educación, tenemos derecho a vivir
en un país sin corrupción social ni impunidad. Este derecho, como facultad de alcanzar algo o como poder de
obrar y conseguir un resultado, se llama derecho subjetivo: derecho
o facultad del sujeto. Los derechos subjetivos son
numerosos.
Pero la voz derecho tiene otra
connotación precisa que alude a las normas jurídicas, cuya especie más
importante, las leyes, son reglas de conducta que deben ser respetadas y se
imponen a todos los seres humanos (son generales) por decisión ajena (son
heterónomas), de ser necesario mediante el uso de la fuerza (son coercibles).
Éste es el derecho objetivo, el constituido
por el conjunto de las normas jurídicas.
Entre ambas nociones existe una relación íntima y
necesaria: los derechos subjetivos tienen por causa el derecho objetivo. De
éste provienen todos aquéllos: las normas nos conceden las facultades. Si el
lector tiene derecho a obtener un aprovechamiento del libro que está en sus
manos, es porque la ley le da esta facultad y le garantiza su ejercicio. El
origen y alcance de su derecho subjetivo proviene de las normas jurídicas
(derecho objetivo).
Los derechos subjetivos
mencionados al inicio provienen del derecho objetivo consagrado en los arts. 1
y 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, suscrita por los países
miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), México entre ellos,
el 10 de diciembre de 1948. Tal convenio internacional es derecho vigente del
más alto rango por disposición constitucional. Y la facultad de erradicar la
corrupción y la impunidad proviene del derecho punitivo en todos sus órdenes,
del sistema jurídico que nos concede la atribución de vivir en un Estado de
derecho que, hasta ahora, es ilusorio.
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